Diversas organizaciones ambientalistas, formada por vecinos, se unieron para visibilizar su oposición a la venta de playones ferroviarios.
Se trata de los terrenos ubicados en playones ferroviarios, cedidos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri.
En tanto, el Gobierno Porteño, en la actualidad, ofrece esos terrenos al mercado inmobiliario. Cabe señalar, que estos predios, son los últimos disponibles de una ciudad densamente poblada, donde falta vivienda social y espacios verdes.
Por todo esto, organizaciones de vecinos exigen que se conviertan en espacios verdes para el disfrute comunitario.
Teniendo en cuenta que la capital federal presenta una crisis habitacional, según consiga el portal Diario Z, organizaciones barriales y ambientales buscan unificar la defensa de los playones ferroviarios, para no se vendan, y se construyan espacios verdes.
Los terrenos cedidos son los de los playones de Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Retiro, Villa Urquiza y La Boca.
María Ghitman, vecina de Colegiales, señaló que “Por eso surgió la propuesta de unificar los conflictos de todos los playones, aunque tengan características e historias diferentes. En definitiva, son las últimas tierras que quedan en la ciudad. Para nosotros, entregarlas a la especulación inmobiliaria es un despojo”.
Y agregó que “Las ventas son inconstitucionales. Debían haber pasado primero por el Congreso ya que eran tierras nacionales. Como todo el proceso es ilegal, se presentaron amparos y los vecinos estamos atentos. Esto asustó a los inversores”.
En el período 2015-2019, bajo los gobiernos de Macri en la Nación y Larreta en la Ciudad, se vendieron más de 400 hectáreas urbanas.
No obstante, en la actualidad el Ejecutivo Porteño, quiere vender y concesionar la Costanera Norte, la operación está frenada transitoriamente por una resolución judicial. Mientras, en la Ciudad no para de crecer el número de inquilinos y el 40 por ciento de las propiedades están vacías.
En este sentido, este año, durante el mes de febrero, el presidente Alberto Fernández firmó otro decreto con el cual suspendía la cesión de las tierras y ordenó una revisión a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que aún no se expidió.
