La normativa porteña establece excepciones a la Verificación Técnica Vehicular según la antigüedad y el kilometraje de autos y motos, así como por condiciones sociales y de discapacidad.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige un esquema de exenciones y beneficios para la Verificación Técnica Vehicular que permite a determinados conductores evitar el trámite o realizarlo sin pagar el arancel. La medida, que forma parte de la normativa local, busca aliviar cargas administrativas y económicas en función de la antigüedad y el kilometraje de los vehículos, así como de la situación socioeconómica y de discapacidad de los propietarios.
La VTV es un control técnico que revisa el estado mecánico y de seguridad de automóviles y motocicletas que circulan por la ciudad. Este examen, a cargo de personal especializado, se realiza con una periodicidad que varía según las características de cada unidad. Su incumplimiento puede derivar en multas, trabas en trámites como la renovación de la licencia de conducir y problemas con aseguradoras en caso de siniestros.
Según la reglamentación vigente, los autos cero kilómetro no deben realizar la VTV durante los primeros tres años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros. El primer control se exige en el cuarto año y tiene una validez de dos años. Este plazo de vigencia también se aplica a vehículos de entre cuatro y menos de siete años, mientras que a partir de los siete años de antigüedad la revisión se vuelve anual.
En el caso de las motos nuevas, el esquema es más breve: la primera verificación se realiza al año de patentamiento. Luego, el intervalo entre inspecciones se ajusta a la antigüedad del rodado, siguiendo criterios similares a los de los automóviles. Este sistema escalonado reduce la frecuencia de controles para unidades recientes y, con ello, los costos asociados.
El valor actual de la VTV en CABA es de 63.453,61 pesos para autos y 23.858,78 pesos para motos. El pago, que se efectúa de manera digital al solicitar el turno online, debe estar respaldado por el comprobante correspondiente al momento de la inspección. Asimismo, es obligatorio presentar DNI, licencia de conducir vigente, seguro, cédula verde, título de propiedad y, en caso de vehículos con GNC, la oblea habilitante. La falta de documentación puede generar demoras o rechazos.
En cuanto a las exenciones de pago, la Ciudad dispone beneficios para jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y cuyos vehículos no excedan el valor fiscal mínimo establecido para el impuesto de radicación. En estos casos, aunque se mantiene la obligación de realizar la VTV en los plazos correspondientes, no se cobra el arancel.
Asimismo, las personas con discapacidad están exceptuadas de pagar, sin importar si el beneficiario es el titular del vehículo o un familiar directo, tutor o conviviente. Esta disposición incluye tanto vehículos adaptados como no adaptados, garantizando así un alcance amplio del beneficio.
Por su parte, quienes no cumplen con estas condiciones y circulan sin VTV vigente se exponen a sanciones económicas, retención del vehículo en operativos y obstáculos en trámites futuros. La omisión también puede tener consecuencias en materia de seguros, ya que algunas compañías podrían rechazar coberturas si el rodado no cuenta con la verificación obligatoria.
El procedimiento para cumplir con la VTV comienza con la reserva de turno a través de la web oficial del Gobierno porteño. El día asignado, el vehículo debe presentarse en la planta de inspección con la documentación completa y en condiciones mecánicas adecuadas. Si durante la revisión se detectan fallas, el propietario dispone de un plazo para repararlas y regresar a completar el trámite.
El sistema vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece parámetros claros para determinar la obligatoriedad, periodicidad y gratuidad de la VTV. Las excepciones por antigüedad, kilometraje, ingresos y discapacidad buscan equilibrar el control de seguridad vial con medidas que contemplen la realidad económica y social de los conductores, a la vez que mantienen la exigencia técnica necesaria para garantizar un tránsito seguro.
