El Gobierno porteño concretó el desalojo de un terreno en Paseo Colón y San Juan, que había sido cedido a la organización de Castells y cuyo permiso estaba vencido desde 2012. El predio volverá a la administración estatal.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recuperó esta mañana un predio de 2.500 metros cuadrados en el barrio de San Telmo que permanecía ocupado de manera irregular por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, liderado por Raúl Castells. El espacio, ubicado en la intersección de la avenida Paseo Colón y la calle San Juan, junto a la Autopista 25 de Mayo, había sido cedido años atrás a la agrupación, pero el permiso venció hace más de una década.
El operativo comenzó a las seis de la mañana y fue encabezado por la Policía de la Ciudad, en coordinación con personal de los ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Desarrollo Humano y Hábitat. Las autoridades retiraron todas las pertenencias de los ocupantes y liberaron el terreno, que funcionaba como campo de deportes de la Universidad Popular del movimiento político.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, justificó la medida y aseguró que su gestión mantendrá una postura firme frente a situaciones similares. “No vamos a permitir ocupaciones ilegales del espacio público ni privado donde unos pocos se aprovechan. Tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones porque hay que dejar de confundir necesidad con impunidad. Los vecinos nos reclaman orden y esa es nuestra prioridad”, declaró.
El terreno pertenece al Gobierno de la Ciudad y ahora pasará nuevamente a su administración. Según informaron fuentes oficiales, los alumnos de las escuelas cercanas que utilizan esas instalaciones podrán seguir haciéndolo bajo un esquema organizado por las autoridades. De tal modo, se busca garantizar la continuidad de las actividades deportivas y recreativas para la comunidad educativa sin que se vean interrumpidas por el cambio de gestión.
Este procedimiento forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la actual gestión porteña, que tiene como objetivo recuperar espacios públicos, desalentar las usurpaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, el desalojo en San Telmo se enmarca en una serie de políticas aplicadas durante los últimos meses para devolver el orden en distintos puntos de CABA.
Entre las acciones recientes se destacan diez megaoperativos contra la venta ilegal en barrios como Once, Flores, Chacarita, Parque Patricios, Constitución y en las inmediaciones de Parque Centenario. También se desarticularon ferias clandestinas y asentamientos precarios en áreas estratégicas, como la calle Perette en Retiro, la Plaza Lavalle, la zona del Congreso y los alrededores del aeroparque Jorge Newbery. Estos procedimientos buscan liberar veredas y espacios públicos que estaban ocupados por manteros, feriantes no autorizados o ranchadas, generando inconvenientes en la circulación y problemas de seguridad.
Asimismo, el Ejecutivo porteño intensificó las medidas para erradicar la actividad de los denominados “trapitos”. Según remarcaron las autoridades, se procura terminar con estas prácticas extorsivas que afectan a los automovilistas en la vía pública. Para reforzar esta política, la gestión envió a la Legislatura un proyecto de ley que apunta a endurecer las sanciones a quienes incurran en esa contravención, con el objetivo de desalentar su permanencia en las calles de la Ciudad.
En este escenario, el desalojo de San Telmo representa un paso más dentro de un plan integral que combina operativos, recuperación de bienes y reformas legislativas. La administración de Jorge Macri sostiene que se trata de un camino necesario para dar respuesta a los reclamos de los vecinos, quienes piden mayor orden y seguridad en los espacios comunes.
Cabe recordar que el predio recuperado fue utilizado durante más de 12 años como campo deportivo bajo la órbita del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. El permiso original había sido concedido por el Gobierno porteño, pero su vencimiento derivó en una ocupación prolongada sin autorización legal. Durante este tiempo, la organización de Castells mantuvo el control del lugar sin regularización, lo que motivó finalmente la intervención de las autoridades.
