El operativo reveló abrigos, carteras y cinturones confeccionados con especies en peligro de extinción, valuados en 600.000 dólares.
Un allanamiento en Villa Urquiza destapó una escena impactante: en una vivienda tipo PH se encontraron más de 200 productos elaborados con pieles de animales exóticos y protegidos, entre ellos yaguaretés, ocelotes, boas, yacarés y especies provenientes de Asia. Según el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, el valor de lo incautado asciende a 600.000 dólares.
Las imágenes del procedimiento reflejan la magnitud del hallazgo: carteras que exhiben la cabeza de un yacaré con sus dientes y patas, abrigos confeccionados con la piel de yaguareté e incluso piezas en las que se usaron partes enteras de los animales. “Hay incluso un tapado de yaguareté en el que usaron la cabeza para fabricar las mangas”, describió una fuente cercana a la causa.
El operativo se llevó a cabo el miércoles a la mañana, tras varios meses de investigación conjunta entre la PFA y la Brigada de Control Ambiental. La propiedad allanada estaba ubicada en la calle Iberá y, de acuerdo con lo informado, había sido publicada en internet para su venta. En esas imágenes se mostraban algunos tapados de piel, aunque sin precisar las especies utilizadas. El allanamiento, sin embargo, expuso una colección de piezas cuyo comercio está estrictamente prohibido.
Entre los elementos incautados se identificaron pieles de especies autóctonas de la Argentina: once de yaguareté y treinta de gato montés. También se hallaron restos de animales de otros continentes, como una pieza de leopardo, otra de cobra y dos de tahr del Himalaya. El listado incluyó además 34 pieles de zorro, 29 de visón, 12 de ocelote y 11 de nutria, junto con restos de armadillos, aves del paraíso y lagartos.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que los productos podrían estar destinados al mercado europeo, dado que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultaría inusual ver a alguien usar este tipo de prendas en público. El dueño de la propiedad, por su parte, se encuentra actualmente de viaje en Europa.
La investigación comenzó por una denuncia que tomó la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, bajo la dirección del fiscal federal Ramiro González. El expediente pasó luego al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, que mantiene un estricto hermetismo sobre los pasos a seguir.
Consultado por este medio, el especialista en derecho ambiental Mariano Burundarena calificó el hallazgo como “un caso gigantesco”. “No es para nada habitual. En las causas que vi, como mucho aparece un ejemplar en medio de varios que no están prohibidos, pero aquí la cantidad es enorme”, subrayó. También aclaró que muchas de las piezas podrían haber sido confeccionadas hace años, lo que no quita responsabilidad al propietario. La Ley de Protección de la Fauna establece penas de hasta dos años de prisión por el comercio de especies prohibidas, y en el caso del yaguareté las sanciones son más severas por tratarse de un Monumento Nacional.
La magnitud del decomiso no solo pone en foco la legislación argentina, sino también los acuerdos internacionales. Gran parte de los animales identificados están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Cites), que prohíbe de manera expresa la comercialización de ejemplares como el yaguareté, el ocelote o la boa.
En tanto, especialistas remarcaron que gran parte de estas operaciones se gestan a través de internet, utilizando redes sociales, aplicaciones y hasta sistemas de pago electrónico para concretar la compraventa de productos ilegales. “Al igual que con los animales vivos, se usan redes sociales o aplicaciones con grupos y cuentas anónimas. Les resulta muy fácil concretar contactos internacionales y gran parte de las operaciones se hacen por encargo. Incluso hemos visto que utilizan Mercado Pago para cerrar las transacciones”, advirtió Burundarena.
El allanamiento en Villa Urquiza, por la cantidad y variedad de piezas encontradas, dejó al descubierto un circuito de tráfico ilegal que combina especies locales y exóticas con un valor económico y ambiental difícil de dimensionar. La causa sigue bajo investigación y, por su magnitud, mantiene en alerta a la justicia federal y a los organismos ambientales.
