Ayer, la Legislatura porteña aprobó un nuevo marco regulatorio para el mal uso de las veredas por parte de los vecinos. Un nuevo régimen de multas establecerá que los frentistas deberán hacerse cargo del arreglo de las veredas en caso de provocar daños por mal uso o desgaste. El nuevo reglamento aclara que en caso de que las empresas de servicios públicos sean las causantes de las roturas, el cargo por el arreglo de las mismas será de su exclusiva responsabilidad.
Además se elaboro un nuevo marco jurídico para evaluar el trabajo de las empresas de servicio público como agua, energía, telefonía y gas. Dichas empresas deberán contar con un permiso para efectuar obras de apertura de veredas y baldosas con el fin de realizar arreglos en las redes o renovación de las mismas. Para acceder a esta autorización deberán presentar un plan de ejecución que será evaluado por la Subsecretaria de Vías Peatonales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Con respecto a los vecinos, la nueva ley contempla un mayor compromiso para ellos. Deberán mantener en buenas condiciones las veredas, y de no hacerlo podrán recibir multas que van desde las 200 a las 5.500 unidades fijas (UF).
Dentro del recinto donde se aprobó la ley, hubo opiniones encontradas entre los legisladores que estaban a favor y en contra del proyecto. Por un lado quienes creen que esto es un atropello al vecino, condenándolo a pagar multas elevadas por tareas que le corresponden a la Ciudad y que ya están siendo cobradas en el ABL. Representantes de Suma+, Socialismo Autentico y Frente de Izquierda se mostraron molestos por la ley y aclararon que los arreglos realizados recientemente fueron mal hechos, dejando baldosas despegadas, con desniveles y sin contrapiso, lo que ocasiona accidentes peatonales y deterioro del patrimonio.
Por el otro lado, el diputado del PRO Daniel Presti, aseguro que siempre la responsabilidad de la vereda fue del frentista. Si había un deterioro claro por el mal uso de un garage o reparaciones sin terminar por parte de los dueños de las viviendas, debían correr con los gastos de mantenimiento, exceptuando aquellos arreglos hechos por empresas, donde el costo de las reparaciones corría por cuenta de ellas.
