La solicitud la realizó el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que se oponen a la construcción de torres de lujo en esos lugares, a través de una carta abierta que llamó a la “responsabilidad” de los legisladores porteños para que escuchen el reclamo que cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia.
El proyecto que plantea construir un parque público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco y que solicitan que sea tratado por el cuerpo legislativo de la Ciudad fue entregado hace un año por vecinos de la ciudad de Buenos Aires, arquitectos, miembros de ONGs y organizaciones ambientales, sociales y políticas.
Esta presentación, a su vez, cuenta con el respaldo de 53.709 firmas que también están convalidadas por el Tribunal Superior de Justicia. A pesar de todo, la propuesta del grupo de vecinos, que solicita la derogación de la Ley N° 6.289 que en su momento habilitó la venta de esos predios para construir torres de lujo, sigue sin tener tratamiento por parte de los legisladores.
Por esta razón, desde el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, en la carta expresan a apelar sobre “la consciencia y responsabilidad de cada legislador para escuchar a la ciudadanía, respetar la Constitución y acompañar la iniciativa popular”.
La carta pública que emitió el Colectivo hace énfasis en la recuperación de esas 32 hectáreas con un parque público de acceso libre y gratuito para el disfrute y el encuentro, que permita recomponer la relación de la ciudad con el río, incrementar los espacios verdes y potenciar el paisaje natural frente a la costa.
También en el escrito señalan: “Es la oportunidad concreta, posible e irrepetible, de construir una ciudad un poco más justa desde lo social y más sustentable desde lo ambiental. Queremos y debemos recuperar el Río de la Plata para las generaciones futuras” y además, alertaron sobre las consecuencias negativas que recaerán sobre las futuras generaciones “si no se mira la ciudad desde una perspectiva ambiental, sostenible e inclusiva”.
Otro de los argumentos que utilizaron es que en cuanto al uso público y de libre acceso y circulación que deben tener la totalidad de los espacios que conforman el contorno ribereño, insisten en que la sociedad porteña necesita que se respete la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el Plan Urbano Ambiental.
Una de las que está detrás del pedido es la arquitecta Bárbara Rossen, especialista en Proyectos Urbanos, responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo y una de las integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa del Espacio Público, pidió que los legisladores “tengan la grandeza de escuchar a la ciudadanía”.
Por último, Rossen, indicó: “Queremos que los legisladores tomen conciencia de que les vamos a dejar a nuestros hijos una ciudad invivible que se está convirtiendo en reserva de valor para algunos grupos económicos. Está dejando de ser una ciudad para vivir para convertirse en una ciudad de servicios”.
