En la mañana de hoy, cuando se realizaba una asamblea en el barrio porteño de Villa Urquiza, la Policía Federal irrumpió en Av. Triunvirato N° 4766 donde funciona el centro comunitario-
Hace más de diez años La Asamblea de Villa Urquiza – situada a pasos de la estación de tren General Urquiza, sobre Triunvirato entre Roosevelt y la vía- este centro comunitario funciona desde el 18 de Junio del 2001, cuando los vecinos del barrio ocuparon la ex Pizzería “La Ideal”, que se encontraba abandonada y en estado de deterioro desde hacía mucho tiempo. Los vecinos adecuaron allí un lugar de encuentro vecinal para la consolidación de la voz política colectiva y cultural, generando acceso a todas las personas que – hasta la fecha- se acercan al barrio.
En este espacio, en la actualidad, se ofrecen diferentes actividades, talleres, expresiones culturales y funciona una biblioteca popular, una videoteca, 11 talleres artísticos, un bachillerato y una consejería.
Esta mañana la Policía Federal procedió a realizar el desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza. Los integrantes de la Asamblea esperaban el desalojo desde la semana pasada, cuando se habilitó la venta del terreno para construir allí tres nuevas torres. Desde entonces, en la Asamblea denunciaron la maniobra para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados.
Los agentes federales quisieron sellar el centro comunitario impidiendo a los vecinos retirar los materiales del interior, se logró mediante Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad abrir un nuevo canal de diálogo, posponiendo el desalojo un mes, momento en el que las partes deberán acordar sentarse a una nueva mesa de negociaciones.
En esa misma línea, desde el Observatorio de Derecho de la ciudad, manifestaron: “Esta ley tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de que los inmuebles fueran destinados a actividades lucrativas, y no contemplaba el derecho de defensa de los afectados” a su vez la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966. que autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos.
