Tras una crisis consorcial sin resolución, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1 convocó a una asamblea judicial en el palier del edificio donde 136 familias votaron a mano alzada y lograron resolver años de conflictos en menos de dos horas.
Durante 34 días, los residentes de un edificio de 22 pisos ubicado en la calle Cafayate al 5100, en el barrio de Villa Lugano, vivieron una situación límite: sin ascensores, tuvieron que subir y bajar escaleras a diario. La clausura de los elevadores, dispuesta el 26 de marzo por falta de mantenimiento, fue el punto de quiebre de un conflicto que llevaba más de un año y derivó en una resolución inusual: la intervención de la Justicia, que convocó a una asamblea en el palier del edificio para que los vecinos pudieran votar el futuro de la administración consorcial.
El complejo alberga a 136 familias y desde hace tiempo atravesaba una profunda división interna. El enfrentamiento comenzó en 2023 cuando la administradora ,identificada como P.P., se negó a presentar la documentación contable. Esto provocó la aparición de una segunda gestión paralela y sumió al edificio en un caos administrativo que afectó directamente la convivencia.
En este sentido, los reclamos de los vecinos se intensificaron luego de que los ascensores fueran clausurados. La falta de contrato de mantenimiento, responsabilidad de la administración, dejó a la torre sin una herramienta vital para la movilidad. “Una vez tuve que llamar a los bomberos porque una vecina que estaba en silla de ruedas tenía turno con el médico y no podía salir de su casa”, relató Natalí Navarro, vecina del piso 19 y una de las impulsoras del reclamo judicial.
Las historias de los afectados eran tan diversas como dramáticas: adultos mayores que no podían asistir a tratamientos médicos, personas con enfermedades crónicas que se descompensaban en las escaleras, madres que debían cargar a sus hijos y vecinos que sentían que ya no podían habitar sus propios hogares. “Me sentía prisionera en mi propia casa”, expresó Cynthia Roldán, quien vive con su hijo pequeño y su madre jubilada.
En este contexto, un grupo de propietarios, representado legalmente por la abogada Natasha Santa Cruz Sztyk, junto a Natalí Navarro, reunió las escrituras necesarias, el 5% del total del edificio, como exige la ley, y presentó una demanda civil solicitando la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1, a cargo del juez Gustavo Caramelo.
El pedido fue admitido rápidamente. En menos de una semana, el tribunal decidió convocar a una asamblea judicial extraordinaria en el propio edificio, con el objetivo de facilitar la participación de los copropietarios. “Si la hubiéramos fijado en Retiro, iban a venir 20 o 30 personas; al hacerla en Lugano, vinieron más de 70”, explicó Máximo Musich, secretario del juzgado.
La reunión se llevó a cabo el martes 13 de mayo a las 19. El equipo del juzgado trasladó sillas, mesas, iluminación y equipos de sonido para improvisar una oficina en el palier. Allí se verificó la documentación de cada votante, ya que muchos no tenían escrituras sino papeles del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) o actas de nacimiento para acreditar la titularidad.
Una vez corroborada la identidad de los votantes, se realizó la elección. En apenas una hora y media, los vecinos eligieron una nueva administración y un Consejo de Administración integrado por nueve personas. “Nosotros no tomamos la decisión por ellos. Lo que garantizamos es que se respetaran las formas”, destacó Musich. Según describieron los testigos, “los votos se festejaban como goles”.
Para evitar confusiones, se entregaron papeles amarillos únicamente a quienes estaban habilitados a sufragar. El procedimiento buscó garantizar transparencia ante una situación prolongada de enfrentamientos internos. “Noté un cambio en los rostros de las personas: pasaron de estar muy serios a estar más entusiasmados”, señaló el juez Caramelo sobre el ambiente durante la votación.
Asimismo, para muchos de los habitantes de la torre, la intervención judicial no solo representó una solución administrativa, sino una experiencia transformadora. “Sentí que por fin llegó la Justicia. Esa noche, después de mucho tiempo, pude dormir en paz”, expresó Natalí Navarro. En la misma línea, Mariana Reneé Ávila, elegida para integrar el nuevo consejo, describió la jornada como “histórica” y valoró que el juez “puso orden y pudo disciplinar a varios miembros del edificio”.
Por su parte, Silvia Rabines, vecina desde hace más de 30 años, sintetizó el impacto emocional de la intervención con una reflexión: “En un país donde las personas de a pie siempre nos quedamos mirando, como desde atrás de la vidriera, lo que desearíamos para nuestras vidas, esto me trajo un alivio inmenso. Yo deseo una Argentina donde la defensa no sea un sueño que pocos puedan pagar”.
A su vez, el juez Caramelo planteó que la experiencia puede servir para restaurar el vínculo entre la sociedad y la Justicia. “Lamentablemente, hay como un divorcio de la sociedad con la Justicia. Desconfían. La consideran una corporación oscura, ineficiente y sospechada de corrupción. Y no es porque sí: a todo la Justicia le dio motivo”, reflexionó. “Por eso es tan importante que podamos dar respuestas en tiempo y forma, y acercarnos a la gente con acciones concretas”.
