Desde este miércoles, ya no se cobrará por los estudios neuropsicológico, psicodiagnóstico ni por el certificado de legalidad, medida que forma parte de un plan integral para simplificar gestiones y reducir gastos para los vecinos.
En una decisión orientada a mejorar la accesibilidad y aliviar el bolsillo de los vecinos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eliminará desde este miércoles el costo de tres trámites vinculados a la licencia de conducir. Se trata de los estudios complementarios neuropsicológico y psicodiagnóstico, además del certificado de legalidad, que hasta ahora debían ser abonados por quienes necesitaban completar estos requisitos.
La medida fue sancionada por la Legislatura porteña tras aprobarse un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo local. Esta iniciativa establece la gratuidad de 71 trámites administrativos, de los cuales tres están directamente relacionados con el proceso de obtención o renovación de la licencia de conducir. De este modo, se busca avanzar hacia un sistema más ágil, menos costoso y con mayores facilidades para los ciudadanos.
En este sentido, los estudios neuropsicológico y psicodiagnóstico, que hasta el momento representaban un gasto de 14.630 pesos, eran exigidos en situaciones particulares. Generalmente, se solicitaban luego de una evaluación psicológica inicial, cuando surgían indicios que requerían un análisis más exhaustivo para garantizar que el conductor se encontrara en condiciones psicofísicas aptas para manejar. Con la nueva normativa, esos costos quedan cubiertos por el Estado local, lo que representa un alivio económico inmediato para quienes deben atravesar ese proceso.
A su vez, el certificado de legalidad, cuyo valor era de 7.320 pesos, también pasará a ser gratuito. Este documento suele utilizarse para acreditar el historial de habilitaciones y antecedentes de la licencia de conducir, especialmente cuando una persona cambia de jurisdicción o debe presentar su legajo ante otra autoridad administrativa. Al eliminar su costo, se favorece la portabilidad y simplificación de trámites entre distintas regiones del país.
De tal modo, el gobierno porteño estimó que aproximadamente 2.200 personas por mes se beneficiarán directamente con esta decisión, lo que se traduce en un ahorro considerable en materia de trámites vehiculares. En paralelo, la eliminación de costos para otros 68 trámites busca respaldar especialmente a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y comerciantes que enfrentan cargas administrativas frecuentes en el desarrollo de sus actividades.
En este marco, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, expresó: “Desde la Ciudad buscamos reducir y aliviar la carga monetaria a quienes invierten y generan nuevos puestos de trabajo y también allanar el camino a aquellos emprendedores y comerciantes que quieran introducirse en el sector productivo”. Así, la política pública presentada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de simplificación administrativa y acompañamiento a quienes dinamizan la economía local.
El enfoque adoptado por el Ejecutivo porteño refuerza una línea de gestión orientada a reducir la burocracia, acercar el Estado a los vecinos y facilitar el acceso a servicios sin barreras económicas. La medida llega en un contexto donde cada ahorro cuenta, y en donde la digitalización, la automatización de procesos y la gratuidad de ciertos trámites son elementos clave para mejorar la experiencia del ciudadano frente a las oficinas públicas.
Se espera que esta decisión contribuya a acelerar los tiempos de resolución en la tramitación de licencias, disminuyendo cuellos de botella y evitando que los aspectos económicos se conviertan en un obstáculo para quienes necesitan cumplir con los requisitos legales para conducir.
Por su parte, desde la administración porteña remarcaron que esta acción se suma a otros esfuerzos previos para transformar la manera en que los vecinos acceden a servicios públicos. El proyecto aprobado representa un paso concreto hacia una Ciudad con procesos más ágiles, donde se reconozca el esfuerzo de quienes trabajan, emprenden y cumplen con las normativas vigentes.