En una nueva medida que agita el conflicto con las provincias, el Gobierno Nacional contempla la eliminación de los subsidios al transporte de colectivos que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Esta decisión, que ya generó disputas con los gobernadores de otras regiones, podría tener repercusiones significativas en el costo del boleto y la calidad del servicio.
En un contexto de creciente tensión con distintas provincias por recortes en los fondos asignados, el Ejecutivo evalúa extender la eliminación de subsidios al transporte en la región metropolitana. La medida, que ya se aplicó en el interior del país, ha desencadenado fuertes disputas con los gobernadores.
La información fue confirmada por un funcionario cercano al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, quien señaló: “Puede haber quita de subsidios, aunque todavía no sabemos cómo ni cuándo”. Este anuncio se suma a la reciente suba del 105% en el boleto en Córdoba Capital, evidenciando el impacto directo en el bolsillo de los usuarios.
Las cámaras empresarias de la región metropolitana expresaron su preocupación mediante una carta al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, detallando las dificultades operativas que enfrentan. Se quejan de fondos pisados y un margen de maniobra limitado por parte de la secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.
En el ámbito nacional, la medida representaría un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y se alinea con el plan de recortes del gobierno hacia las provincias. La idea inicial era reducir las subvenciones al transporte en un 35% durante el primer año de gestión mileista.
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los subsidios en 2023 alcanzaron los $951.987 millones, con un incremento del 4,2% respecto al año anterior. Casi la mitad de estos fondos, $479.216 millones, fueron destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). Este fondo, creado en 2001, podría ser eliminado por decreto, ya que Milei lo considera una “caja negra de la política” por la falta de controles estatales.
Las cámaras empresarias afirman que el Gobierno aún no resuelve el desfasaje del 40% en los costos, y los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) recibirán un bono no remunerativo de $140.000 ante la situación crítica. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha expresado su alerta y reclamó la normalización de la provisión de fondos.
En medio de tensiones con las provincias, la posible quita de subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires agrega un nuevo capítulo al conflicto. La incertidumbre sobre cómo y cuándo se aplicará esta medida genera preocupación en el sector, mientras los gobernadores, empresarios y trabajadores buscan respuestas ante la posibilidad de aumentos en tarifas y reducción de servicios. El Gobierno Nacional, en este sentido, enfrenta el desafío de equilibrar las finanzas con la presión de distintos sectores afectados por las decisiones económicas.
