El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una serie de medidas para reforzar el control territorial en la Villa 31, con el objetivo de limitar el crecimiento urbano informal y fortalecer la seguridad en el barrio.
El operativo incluye la instalación de retenes policiales en los principales accesos, cambios en la circulación vehicular y la restricción del ingreso de materiales de construcción. Según fuentes oficiales, estas acciones buscan evitar nuevas edificaciones sin autorización y reducir los riesgos derivados de estructuras precarias.
Las medidas forman parte de un plan integral coordinado por distintas áreas del Ejecutivo porteño, que también contempla inspecciones sobre obras en curso, desalojos de espacios ocupados de manera irregular y la clausura de actividades no habilitadas.
En ese marco, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que “no hay excepciones en la aplicación de la ley” y remarcó que se busca garantizar las mismas condiciones en todo el territorio de la Ciudad.
Uno de los ejes del operativo es el reordenamiento de los accesos al barrio. De las 13 entradas existentes, varias fueron modificadas: algunas pasaron a ser exclusivamente peatonales, otras quedaron bajo control policial permanente y se implementaron dispositivos de vigilancia móviles. También se incorporaron cambios de sentido de circulación y la colocación de elementos físicos para limitar el tránsito.
En paralelo, en las últimas semanas se intensificaron los operativos para recuperar el espacio público. Entre las intervenciones, se retiraron estructuras que obstruían veredas y calles, se desmantelaron instalaciones informales y se clausuraron puntos de venta vinculados a materiales de construcción que operaban fuera de la normativa vigente.
Además, se llevó adelante la demolición de una edificación que, de acuerdo con las autoridades, era utilizada para la venta de estupefacientes.
Desde el Gobierno porteño indicaron que la urbanización impulsada años atrás no logró contener el crecimiento desordenado del barrio, lo que derivó en un aumento de construcciones irregulares y en la expansión de actividades informales.
Ubicada en la zona de Retiro, la Villa 31 concentra a unas 45 mil personas en un área de 72 hectáreas. En ese contexto, las autoridades advierten sobre la existencia de un mercado informal de alquileres y venta de espacios para construir, con valores elevados pese a las condiciones habitacionales.
El Ejecutivo local sostiene que el nuevo esquema de controles apunta a ordenar el territorio y avanzar en la integración urbana, con mayores niveles de fiscalización y presencia estatal.
