El acceso a la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires volvió al centro de la agenda pública tras la difusión de un relevamiento que expone las principales dificultades que enfrentan los vecinos para resolver problemas legales.
El estudio, impulsado por el Ministerio de Justicia porteño en conjunto con el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, buscó indagar no solo en los canales formales, sino también en aquellos casos que nunca llegan a instancias institucionales.
Entre los principales hallazgos, se destacan las trabas vinculadas a la falta de información, las dificultades para iniciar trámites y la distancia entre los servicios disponibles y las necesidades reales de la población. El informe pone el foco en una problemática menos visible: los conflictos que quedan sin resolver porque las personas no acceden a herramientas o desconocen cómo hacerlo.
La encuesta —realizada a fines de 2025 entre mayores de 16 años— forma parte de una estrategia más amplia orientada a incorporar evidencia en el diseño de políticas públicas, con la intención de mejorar la eficacia de la intervención estatal.
La presentación de los resultados reunió a funcionarios, representantes judiciales y organizaciones sociales, en un espacio donde se discutió cómo traducir estos datos en medidas concretas.
Desde el área de Acceso a la Justicia remarcaron que el desafío no es solo ampliar la oferta de servicios, sino lograr que sean accesibles, comprensibles y útiles para quienes los necesitan.
Con esta información, el Gobierno porteño apunta a ajustar sus políticas y reducir las brechas existentes, en un contexto donde el acceso efectivo a derechos sigue siendo una deuda para parte de la población.
