Un relevamiento realizado sobre los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad permitió detectar 471 lugares que presentaban distintas irregularidades en lo que va del año. Los casos incluyen carteles falsificados, permisos vencidos y reservas que figuraban a nombre de personas fallecidas.

El dato más llamativo surgió en Palermo. Allí fueron retirados 44 estacionamientos que no cumplían con la normativa, y cuatro de ellos estaban ubicados en una misma cuadra de la calle 3 de Febrero al 1100, entre la avenida Federico Lacroze y Teodoro García.

La situación generó la intervención de los equipos de control, que comenzaron a retirar las señalizaciones que ya no tenían autorización vigente o que habían sido colocadas de manera irregular. La revisión forma parte de un operativo sobre los aproximadamente 4.000 espacios reservados para personas con discapacidad que existen en la Ciudad.

El objetivo es evitar que estos lugares sean utilizados por personas que no cuentan con una autorización válida y, al mismo tiempo, recuperar espacios que fueron destinados específicamente a vecinos que necesitan estacionar cerca de sus viviendas por razones de accesibilidad.

En algunos casos, las irregularidades no se limitaban a una autorización vencida. Los inspectores encontraron carteles falsificados o adulterados, mientras que otras reservas continuaban vinculadas a titulares que habían fallecido. También se detectaron situaciones en las que la documentación o los datos consignados ya no coincidían con la situación actual.

Antes de avanzar con los controles, se había establecido un período para que quienes tuvieran una reserva con documentación desactualizada pudieran regularizarla. Una vez finalizado ese plazo, los espacios que no fueron puestos en regla comenzaron a ser retirados.

La normativa establece además consecuencias para quienes hayan intervenido deliberadamente en la instalación o modificación de una reserva. Cuando se comprueba una falsificación o adulteración, el caso puede ser informado al Ministerio Público Fiscal para determinar si corresponde iniciar una investigación penal.

También se contempla la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada y la obligación de afrontar los gastos generados por el procedimiento. Esto incluye el retiro de la señalización y las tareas necesarias para dejar nuevamente en condiciones el espacio público.

Las sanciones económicas también alcanzan a quienes utilizan documentación irregular. La exhibición de certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no respeten las normas puede derivar en multas de hasta $200.000, mientras que colocar, modificar o destruir señalización vial sin autorización puede generar sanciones de hasta $100.000.

A esto se suma un proyecto enviado a la Legislatura porteña para incorporar al Código Contravencional una figura específica vinculada con la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.

La medida busca poner el foco no solo en quienes ocupan indebidamente estos espacios, sino también en quienes generan reservas que no cumplen con los requisitos. Para las autoridades, liberar estos lugares resulta clave para garantizar que los estacionamientos destinados a personas con discapacidad puedan ser utilizados por quienes realmente los necesitan.